Defensa de la libertad de expresión y del derecho a la comunicación

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Organizaciones de todo el país se reúnen el jueves 3 de marzo para reivindicar el derecho humano a la comunicación y la libertad de expresión, condicionadas por una serie de medidas del gobierno macrista, en primer lugar el decreto con el cual embistió la Ley Audiovisual para beneficiar a las empresas privadas, en primerísimo lugar Clarín.

Sindicatos, universidades, medios cooperativos, comunitarios, pymes y de pueblos originarios, organizaciones de personas con discapacidad, músicos, actores y comunicadores se reúnen en el Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación en el congreso nacional de la Coalición por la Comunicación Democrática, para reclamar el cumplimiento completo de la Ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, y rechazar el decreto 267/15 y otros con los que el gobierno macrista la modificó profundamente.

   La Coalición viene realizando gestiones ante legisladores nacionales para explicar su posición en nombre de estas organizaciones de todo el territorio nacional e informar que varias de las modificaciones impuestas por decreto, usurpando facultades del Congreso, amenazan con profundizar aún más la concentración en el sistema de medios del país, en detrimento de la vigencia plena de la democracia y con amenaza directa a decenas de miles de puestos de trabajo.

   En efecto, el decreto 267/15 amplió a favor de las empresas privadas la posibilidad de detentar aún más emisoras de radio y televisión, además de extenderles por diez años las licencias vigentes. Además, retiró a la televisión por cable la condición de servicio audiovisual para encuadrarlo como provisión de telecomunicaciones, lo que da a las empresas del sector –la posición dominante es también de Clarín- la eximición de regulaciones pensadas en beneficio de las audiencias.

   También en este sector, además, el decreto concede a Clarín la posibilidad de ocupar más segmentos de mercado, desconociendo los topes fijados por el Legislativo, lo que lleva a parámetros de concentración que son rechazados por los tratados internacionales que la Argentina está obligada a cumplir.

   Además, el gobierno arrasó a los organismos plurales, multisectoriales y federales que deben administrar el sector audiovisual, como AFSCA y COFECA, e impuso otro formato, que llama Ente Nacional de Comunicaciones, en el que se reservó mayoría automática y la facultad de remover a sus miembros, todo lo cual también choca con los compromisos que expresa la Convención Americana.

   Las organizaciones llegan al Congreso del jueves 3 después de un proceso de elaboración y debate que derivará ese día en la discusión de 21 Puntos, versión remozada y actualizada del documento que fue el germen de la Ley 26.522, discutido en infinidad de foros en todo el país, lo que hizo que esta norma sea excepcional en cuanto a los mecanismos de participación que le dieron origen.

   La organización pasó de Coalición por una Radiodifusión Democrática a la actual Coalición por una Comunicación Democrática, ya que asume también las necesidades de desconcentración y democratización en la prensa gráfica y en las nuevas tecnologías, como el acceso a internet.

   El borrador de los nuevos 21 Puntos ratifica así a la comunicación como derecho humano esencial, y la necesidad de que el país mantenga y profundice políticas para la soberanía comunicacional, en contenidos y desarrollos tecnológicos, en el contexto de su pertenencia a América Latina.

   También enfatiza en la necesidad de la provisión equitativa de papel para diarios, tomando en cuenta que la única planta que lo fabrica en el país está en manos también de Clarín, después de los acuerdos que con sus socios enhebró en 1977 con la dictadura cívico-militar, en acciones que están denunciadas en sede judicial como delitos de lesa humanidad.

   El borrador, que sigue en discusión hasta el congreso del 3 en esta primera etapa, reivindica también los derechos de los argentinos a retener y profundizar el desarrollo satelital soberano y los alcanzados en fibra óptica y televisión digital, y reclama que no sean cedidos para negocios de empresas privadas, nacionales o transnacionales.

   Concibe asimismo a la publicidad privada y pública como un instrumento determinante para la democratización de la comunicación y por lo tanto postula su distribución justa y abarcadora de todos los emisores, en todos sus formatos, no solo los grandes grupos de medios. También propone que la actual defensoría de las audiencias extienda su campo de acción a toda la comunicación, ya que los lectores de prensa gráfica y los usuarios de internet están desprotegidos en sus derechos.

   Las deliberaciones comenzarán a las 10 en el Auditorio de Diputados, Rivadavia 1864 de Ciudad de Buenos Aires.

LA CONVOCATORIA

   En el anuncio, la Coalición expresa que “nos convocamos para denunciar la actitud del Poder Ejecutivo que, mediante los  DNU 13/2015, 236/2015 y DNU 267/2015, viola la división de poderes que establece la Constitución Nacional, al tiempo que pretende apartar al Estado del respeto de los pactos de derechos humanos y desconoce los fundamentos de la libertad de expresión como un derecho humano fundamental”.

   “Nos convocamos –prosigue- para insistir en las acciones judiciales para  restablecer el ordenamiento jurídico que surge del imperio de la Constitución y los Tratados Internacionales, haciendo lugar a las medidas presentadas por los sectores afectados”.

   También para pedir a los legisladores que “rechacen los DNU y resguarden el derecho de 10 millones de hogares argentinos a una comunicación democrática, pluralista, respetuosa de los derechos humanos, con abono social, derecho de acceso gratuito a acontecimientos deportivos de interés general y libertad de elección de contenidos. Lo contrario es refrendar que un oligopolio sin control de tarifas, ni límites a la concentración, nos diga qué ver y decida qué es lo que no podremos ver ni escuchar”.

   Estas posiciones ya fueron expresadas a los legisladores que aceptaron el diálogo, como el bloque de diputados del Frente Para la Victoria.

PETICIÓN CIUDADANA

   Además de esta gestión, COMUNA había puesto en marcha, apenas salieron los decretos, una petición ciudadana contra la modificación de la ley por decreto. Adhirieron más de 4.700 ciudadanos y ciudadanas.

   Documentos con el texto y las firmas fueron entregadas al senador nacional Juan Manuel Abal Medina y a las diputadas Liliana Mazure y Nilda Garré, quienes a su vez los trasladaron al titular del bloque, Héctor Recalde, y a otros legisladores.

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